Las sucesivas olas de reforma de la administración pública en los países de nuestro entorno llevaban implícitas sus respectivas agendas de cambio. Si en los años 80 del siglo pasado, la agenda (de factura anglosajona) apostaba por la privatización de servicios públicos, a partir de los 90 se orientó hacia la modernización de las burocracias, todo haciendo hincapié en la rendición de cuentas, la eficiencia, la evaluación y la calidad del servicio hacia el ciudadano “cliente”.

Ya entrado el siglo XXI, la voluntad de seguir profundizando en la modernización del sector público parte de un concepto clave como es el del valor público. En esencia, toda intervención pública se orienta a la búsqueda de valor público. Ahora bien, con el año 2020 en el horizonte, varios aspectos condicionan la capacidad de la administración para producir valor público, y ponen sobre la mesa la necesidad de disponer de una administración más inteligente y capacitada para gestionar (en) la complejidad.

Los grandes problemas colectivos contemporáneos (cambio climático, envejecimiento demográfico en las economías avanzadas, crecientes desigualdades, flujos migratorios, etc.) son, esencialmente complejos, como también lo es el escenario que se perfila fruto de la rapidez y la radicalidad con que se suceden las innovaciones tecnológicas y digitales, que sitúan la humanidad en un proceso de aceleración exponencial de gran alcance, pero de resultados inciertos. Las tecnologías han favorecido la individualización, el DIY y la desaparición de intermediarios en el consumo de servicios, principalmente en la esfera privada. En un contexto de toma de autonomía por parte de la ciudadanía, el concepto de administración y “administrados” ha quedado felizmente obsoleto, aunque la traslación del fenómeno de la desintermediación en la provisión de servicios públicos tiene todavía evidentes márgenes de mejora . Por otra parte, resulta ya innegable que la administración ha dejado de ser el único actor en la detección de necesidades ciudadanas y la implementación de políticas públicas que den respuesta, lo que abre la puerta a modelos de gobernanza colaborativa o en red.

¿Qué significa que la administración debe ganar en inteligencia y capacidad para gestionar entornos complejos? Básicamente, a mejorar en muchos y diversos ámbitos. Por citar sólo algunos: más capacidad para detectar, reconocer y promover el talento dentro de las organizaciones; impulso de planes de formación para los empleados y empleadas públicos en competencias técnicas y transversales; digitalización plena de los procesos administrativos y personalización de la atención ciudadana, con los consiguientes cambios en maneras de hacer y procesos de trabajo; mejora organizativa y rediseño de puestos de trabajo, especialmente en aquellas organizaciones todavía ancladas en la dinámica analógica y en aquellos puestos de trabajo con predominio de funciones orientadas hacia tareas de baja complejidad; apuesta por los códigos éticos y el compliance al sector público; introducción de sistemas de transparencia y de rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Como paraguas de todos ellos, hay, también, articular espacios de dirección pública profesionalizada que ayuden a impulsar las transformaciones necesarias.

El actual contexto socioeconómico, el momento político, el renovado énfasis en procedimientos de fiscalización y control ex ante a las administraciones… ayudan poco a este cambio. Sea como sea, de que nuestras administraciones se acaben sumando a la nueva ola reformadora depende su capacidad de estar a la altura de lo que las nuevas circunstancias exigen, y de los cambios que han de venir.

                                                                                                                                                      Emma Rué 

 

 

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