El Consejo de Ministros aprobó a mediados de setiembre el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informan sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea.
Esta norma permitirá que la ciudadanía y el personal funcionario pueda poner en conocimiento las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas y se le deberá dar una protección real y efectiva ante cualquier represalia.
Establece la obligación en el sector público de disponer de canales internos de información que permitan transmitir cuestiones de manera anónima. Se perfilan como cauce preferente dentro de la libertad del informarte para elegir el canal. Se obliga también a contar con este sistema interno de información a todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como sus fundaciones siempre que gestionen fondos públicos.
En el caso de los municipios con una población inferior a los 10.000 habitantes, el Proyecto de Ley prevé que se podrán compartir medios de recepción de informaciones con otros ayuntamientos también de menor población, así como con entidades supramunicipales.
Esta norma se encamina a generar un espacio de mayor confianza entre la persona informante y la Administración, y supondrá un paso más en la lucha por un sistema cada vez más íntegro y transparente alejado de prácticas irregulares.
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