La evaluación de políticas públicas da un nuevo paso en España gracias a la aprobación el pasado martes 19 de abril por parte del Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado.
La finalidad de esta ley es la de establecer un mecanismo estable de evaluación para toda la Administración General del Estado, que contará con un sistema de indicadores comunes. Además, con esta ley, se busca potenciar una cultura evaluadora en el conjunto de las administraciones públicas promoviendo que se realicen evaluaciones ‘ex ante’ y el uso de estas evaluaciones para la mejora de las políticas públicas en España.
Dos aspectos clave de esta norma son la incorporación del análisis de evaluabilidad a las políticas públicas antes de su aprobación, con la finalidad de mejorar su diseño y asegurar que contiene los elementos necesarios para permitir realizar una posterior evaluación de forma eficaz y el establecimiento de obligaciones de planificación de evaluación para determinadas políticas públicas por razón de su relevancia o duración.
Esta ley crearía también por primera vez en España una Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, que se encargaría de coordinar e impulsar este nuevo sistema público de evaluación, así como del diseño de dos herramientas clave para avanzar en los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de cualquier política pública. En primer lugar, una aplicación web común para todos los departamentos, diseñado específicamente para el seguimiento de los indicadores de los programas, así como en su caso, de las principales metas y avances. En segundo lugar, un portal web específico sobre evaluación que buscará establecerse como el nodo digital de la red de expertos en este ámbito.
La norma inicia ahora el trámite de consultas previo a su aprobación, tras el cual será sometido a votación en las Cortes Generales.
La evaluación de políticas públicas lleva muchos años siendo una asignatura pendiente del sector público español. Aunque entidades como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) llevan ya algún tiempo realizando evaluaciones ‘ex post’ de gasto público, no existía hasta ahora un marco estatal para estas acciones ni una agencia encargada específicamente de esta función.
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