El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) define las comunidades energéticas locales como entidades jurídicas de participación voluntaria controladas por sus miembros con el principal objeto de ofrecer servicios energéticos (principalmente provenientes de fuentes renovables) a sus miembros, normalmente en un ámbito local.
Las comunidades energéticas, reguladas en julio de 2020 mediante el Real Decreto-ley 23/2020, tienen un importante rol en los planes de descarbonización diseñados por el Gobierno, que se concretan en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y en la Estrategia a Largo Plazo (ELP) 2050.
Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las comunidades energéticas se encajan dentro de la política palanca 3, «Transición Energética Justa e Inclusiva». Merece la pena remarcar que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 destinan 5.390 millones de euros a esta palanca, un 20% del total de los presupuestos.
Además, dentro de esta partida, 1.900 millones van orientados al desarrollo de energías renovables, así como a actuaciones para el impulso de la cadena de valor de la energía, el impulso del autoconsumo y de las comunidades energéticas.
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