La Ley 2/2023, del 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados esta semana para trasponer la Directiva 2019/1937, relativa a la protección a las personas alertadoras.
La Ley establece la obligación de disponer de sistemas internos de información, un concepto más amplio que el de canal interno de denuncias con los que tienen que contar las entidades. Además, configura diferentes medidas para proteger la persona alertadora ante posibles represalias y establece una serie de medidas de apoyo.
Hay que tener en cuenta que la Ley es exigente con los plazos de ejecución de sus obligaciones, puesto que obliga a todas las entidades a contar con un Sistema interno de información implantado en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la ley, tal y como establece la Disposición transitoria segunda.
Las obligaciones establecidas en la Ley contribuyen y suponen un paso más para fortalecer las medidas de prevención del riesgo de fraude, corrupción o conflictos de interés. Son elementos que contribuyen a encaminar la administración pública hacia la configuración de medidas de integridad más completas.
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