¿CÓMO AFRONTA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EL RETO DE LA POBREZA? ALGUNAS INICIATIVAS

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se ha incrementado en Cataluña un 2% durante los últimos diez años, pasando del 24,3% en el año 2013 al 26,3% en el año 2020[1]. Esta situación, al mismo tiempo, se ha traducido en un aumento de la presión asistencial a la que deben de hacer frente los entes locales y sus profesionales.

Las administraciones locales, por su proximidad y en el ejercicio de sus competencias, son la administración a la que se dirige la ciudadanía en situaciones de dificultad social y económica, especialmente cuando las acciones a nivel nacional y estatal son insuficientes para garantizar un nivel de ingresos digno.

En paralelo, la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha puesto en jaque la capacidad de las administraciones locales para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad de una manera ágil, poniendo de manifiesto la necesidad de reforma del sistema de gestión de prestaciones asistenciales para ofrecer una respuesta rápida, eficaz y eficiente a aquellas personas en una situación de mayor vulnerabilidad.

De hecho, en un post previo, cuestionábamos la decisión expresada en la Ley 13/2006 de prestaciones sociales sobre la delegación total de la gestión de la urgencia social a la entidades locales. Algunos de los motivos que planteábamos eran la capacidad desigual que tienen estas instituciones para afrontar las situaciones de urgencia, la presión asistencial continuada a la que han estado expuestos los últimos diez años y/o otros factores territoriales vinculados al desarrollo económico y social del territorio.

Aun así, este post no pretende poner en cuestión la capacidad de los servicios sociales de las entidades locales para hacer frente a la urgencia o la pobreza continuada en el tiempo. Al contrario, los entes locales se afrontan este reto de forma satisfactoria. Nuestra intención es hacer énfasis en la actitud decidida y la capacidad de adaptación permanente de estas instituciones para encarar situaciones especialmente complejas. De hecho, podemos observar como algunas administraciones están desarrollando mecanismos de gestión asistencial que permiten hacer frente a la pobreza con mayores garantías y con una visión más integral.

Estos mecanismos se basan, principalmente, en la revisión del propio sistema organizativo y de prestación de servicios. Se trata, entonces, de nuevos mecanismos que permiten disociar la gestión de la pobreza de la intervención social y que van acompañados de un rediseño de las políticas de garantía de ingresos. Unas políticas más orientadas a ofrecer una respuesta a la necesidad de fondo que se deriva de las situaciones de vulnerabilidad, y no tanto a cubrir la urgencia. Unas políticas que pretenden revisar los requisitos de acceso para ampliar la cobertura de las prestaciones. Unas políticas cuya intención es explorar otras formas de cuantificación y prescripción de las ayudas. Unas políticas encaminadas a buscar otras maneras de controlar el otorgamiento y gestión de las ayudas. Todo ello, eso sí, bajo la mirada exigente de la normativa y sus supervisores/as, aunque esto ya sería objeto de un tercer post.

Merece la pena explicar y repetir que en los últimos tiempos se han puesto en marcha iniciativas de gestión que se concretan en Oficinas de gestión de prestaciones sociales, que más allá de erigirse como un servicio más cercano y accesible a la ciudadanía, también permite resituar los servicios sociales a nivel estratégico y aprovechar todo el potencial técnico y administrativo de sus profesionales, administrando con mayor diligencia las prestaciones sociales.

En ese sentido, desde Daleph apreciamos y valoramos como las entidades locales están afrontando el reto de la gestión de la pobreza y la vulnerabilidad, y queremos seguir acompañándolos en su transformación organizativa hacia unos servicios más universales, eficientes, cercanos y ágiles.

Daniel Plata y Vanesa Mora.

[1] https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10412

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