La crisis provocada por el COVID-19 está comportando consecuencias de carácter sanitario, económico y social y ha obligado a una paralización que afecta a la totalidad de los sectores y población. Las entidades locales, como administración más próxima a la ciudadanía, están abordando la crisis mediante la aplicación de medidas para paliar sus efectos y que contribuyan a la recuperación, ya sea mediante la elaboración de planes ad hoc que responden de manera integral a la crisis o mediante el lanzamiento de paquetes de medidas individualizadas.
Entre las medidas de tipo fiscal más recurrentes encontramos el aplazamiento y ampliación de los plazos de pago de tributos municipales, así como reducciones y suspensiones temporales en tasas como las de ocupación de la vía pública, basura, etc.
En relación al tejido productivo, destacan el impulso de planes de reactivación económica; la implantación de dispositivos específicos de asesoramiento a personas trabajadoras, autónomas y empresas afectadas económicamente por el coronavirus; la creación de líneas de ayudas directas para hacer frente a la crisis; y acciones de promoción del comercio local como por ejemplo el impulso del comercio electrónico.
En el ámbito social podemos encontrar medidas como la creación de líneas de apoyo económico destinadas al pago de alquileres, alimentos y suministros; la colaboración con redes de voluntariado de apoyo vecinal; refuerzo de los dispositivos de atención y seguimiento a personas mayores; así como servicios de apoyo psicológico a disposición de la ciudadanía en general.
Respeto la movilidad, se establecen entre otras, medidas facilitadoras del acceso y uso peatonal del espacio público y medidas de fomento de la recuperación de la confianza en el uso del transporte público como medida sostenible y segura.
Por último, se promueven una serie de acciones destinadas a garantizar la prestación de los servicios a la ciudadanía, mediante la ordenación del teletrabajo o el refuerzo de la tramitación on-line.
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