La aprobación en diciembre de 2014 de la Ley 19/2014, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ha constituido un punto de inflexión en la evolución e implementación del principio de transparencia y de los criterios de buen gobierno en la gestión pública.
Antes de la entrada en vigor de la norma, la Fundación Carles Pi i Sunyer realizó un proyecto que proporcionaba una foto preliminar de la situación; se ponía de manifiesto que las administraciones públicas no partían de cero a la hora de informar de manera abierta a la ciudadanía sobre aspectos donde ya había legislación al respecto, como la contratación pública o la gestión urbanística. Pese a que era un buen punto de partida sobre el que trabajar, otras aproximaciones analíticas realizadas por el Síndic de Greuges en el 2016, el año de entrada en vigor de la ley, constataban que aún quedaba un largo camino por recorrer. Los grandes organismos públicos (Generalitat o Diputaciones) cumplían aceptablemente con los requerimientos establecidos por la norma, mientras que los entes locales eran los que presentaban más dificultades para alcanzarla. De estos, los municipios que tenían más dificultades para asegurar el cumplimiento eran los menores de 20.000 habitantes, mientras que los grandes presentaban mejores comportamientos.
El año 2017, en su función evaluadora, el Síndic de Greuges ha dado continuidad al estudio efectuado el año anterior. Los resultados ponen de manifiesto que las administraciones de dimensiones más grandes mantienen y mejoran ligeramente el nivel de cumplimiento de la ley, que ya era notable. Pero la mejora significativa se produce en las administraciones supramunicials y los entes locales (el 65% de los entes analizados), sobre todo los de menor dimensión, seguramente porque la situación de partida era peor. Sin embargo, los municipios más grandes (de más de 20.000 habitantes) todavía se comportan mejor que los más pequeños, y dentro de estos, los de menos de 5.000 habitantes son los que más alejados están de la media. Por el contrario, en los entes instrumentales (entes dependientes o de cooperación) se identifican, a estas alturas, considerables deficiencias.
De este modo, se constata que los entes locales mantienen en buenos niveles de cumplimiento los ítems que ya venían realizando, pero también los mejoran. De hecho, prácticamente el 100% de los entes locales disponen de espacios destinados al perfil del contratante, a información urbanística, presupuestaria, referente al catálogo de procedimientos administrativos o a normativa y legislación. La existencia de espacios de participación ciudadana, que eran testimoniales en municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes, y prácticamente inexistentes en los menores de 5.000 habitantes, están presentes, en promedio, en un 90% de los municipios catalanes.
También es destacable la mejora en ámbitos donde los entes locales estaban más atrasados. Destaca de manera generalizada el incremento de información publicada sobre el máximo responsable o equipo de gobierno (cartera, dedicación, CV o retribución y bienes patrimoniales). En cuanto a la organización interna, la mejora es aún más notable en aquellos ítems que parecían más difíciles de alcanzar; bastantes municipios publican la plantilla del personal, y el acceso a información sobre el organigrama o la RPT se ha triplicado en algunos tramos de municipios. No se puede decir lo mismo, por ejemplo, del Plan de gobierno o las cartas de servicio, estas últimas sólo las publican el 50% de los municipios de más 50.000 habitantes.
A pesar del esfuerzo invertido y el camino recorrido, el estudio del Síndic aún evidencia carencias generalizadas en el formato y la calidad de la información. Por ejemplo, dificultades para identificar las fechas de actualización de la información, ausencia de guías para facilitar su interpretación o la imposibilidad de reutilizar y comparar la información publicada. Adicionalmente, remarca que en el segundo año de vigencia de la Ley, una parte significativa de los ayuntamientos no han podido desarrollar mecanismos de respuesta eficientes y dentro de los plazos de solicitud. Por lo tanto, para cumplir de manera efectiva con los requerimientos de la ley habrá que invertir nuevos esfuerzos de carácter económico, humano o material, pero también será necesario disponer de una administración inteligente y capaz de gestionar la complejidad que supone la gestión de la información.
Vanesa Mora
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