GOBERNANZA DE LAS ESTRATEGIAS DUSI, ¿ESTÁN NUESTROS AYUNTAMIENTOS PREPARADOS?

Una de las principales novedades que ha supuesto el actual Marco de Financiación Comunitaria 2014-2020 en lo que se refiere a su “Eje Urbano”, es la consideración de los ayuntamientos beneficiarios de las ayudas FEDER como “Organismos Intermedios Ligeros a efectos de selección de las operaciones” (OIL).

Es cierto que en el anterior periodo de programación 2007-2013, el Ministerio de Economía y Hacienda había designado a los ayuntamientos grandes (de más de 50.000 habitantes) de la “Iniciativa Urbana” como Organismos Intermedios, encomendándoles algunas tareas, como el Control y Verificación de Primer Nivel de las propias operaciones que ellos mismos ejecutaban, pero el cambio introducido en el actual periodo es, sin duda, de mayor calado.

  • En primer lugar, porque esta designación, como OIL, no sólo afecta a los ayuntamientos grandes, sino también a los medianos (municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes), que anteriormente tan solo tenían la condición de “Beneficiarios” en el denominado “Programa Integral de Desarrollo Local y Urbano”.
  • Pero sobre todo, porque esta designación se ha realizado no sólo a los efectos de control, sino en relación a una de las funciones clásicas y más difíciles en la gestión de fondos europeos: la “selección de operaciones”. Es decir, los responsables ministeriales del Programa Operativo, han confiado a los propios ayuntamientos beneficiarios de las Estrategias DUSI, la selección de aquellas actuaciones (operaciones) que querrían cofinanciar con cargo a la EDUSI.

Es evidente que esta decisión es digna de agradecer por parte del municipalismo español, puesto que, en sí misma, encierra una clara “apuesta” porque será el propio ayuntamiento beneficiario de la EDUSI el que mejor sabrá, en cada momento, decidir en qué operaciones se debe invertir el presupuesto FEDER que le ha sido asignado para conseguir el mayor impacto y eficacia.

Lógicamente esta confianza no es “ciega”. Está sometida a una serie de procedimientos, criterios y controles sumamente exhaustivos, por parte del propio Ministerio. Controles que, he ahí su dificultad, obligan al propio Ayuntamiento a trabajar de forma diferente, a la que le es habitual.

Un buen ejemplo de ello es que la Autoridad de Gestión ministerial les impone la obligación de mantener una total separación entre las personas o unidades encargadas de seleccionar las operaciones de aquellas otras a quienes correspondería ejecutarlas.

Es decir, a diferencia de lo que venía ocurriendo con los proyectos urbanos en el periodo anterior, el Ayuntamiento debe designar en el organigrama de gestión de su EDUSI, una estructura organizativa (Unidad de Gestión o de Selección de Operaciones) totalmente separada del resto.

Una Unidad que se encargue de analizar si las solicitudes de financiación que le llegan del resto de áreas municipales (Unidades Ejecutoras) son, o no, susceptibles de ser cofinanciadas, aplicando para ello una serie de criterios y normas de procedimiento y elegibilidad claramente tasadas por los propios responsables ministeriales.

Un compañero del despacho, en la Oficina de Andalucía de DALEPH, dice muy gráficamente que esta unidad organizativa a la que corresponde la selección de operaciones debe concebirse como “una especie de funcionario ministerial dentro del Ayuntamiento”. Me parece muy acertado su razonamiento para tratar de entender una función tan novedosa a los propios consistorios.

La duda que nos suscita es si los ayuntamientos, especialmente los más pequeños, estarán o no preparados para asumir el reto que les ha “puesto encima de la mesa” las autoridades ministeriales y si serán capaces de ejecutar una tarea tan sensible como la selección de operaciones, con las garantías de independencia, rigurosidad, legalidad y control que impone la reglamentación comunitaria.

A priori la tarea no es sencilla, harán falta profesionales bragados tanto en la gestión de FEDER, como del “Eje Urbano” en particular, y/o confiar en una empresa externa que, con cargo al propio presupuesto de la EDUSI, preste este servicio especializado.

El riesgo de no hacerlo, o hacerlo indebidamente, es sin duda alto, al conllevar posibles descertificaciones totales o parciales de la ayuda concedida, en los correspondientes procedimientos de verificación y control al que están sujetos este tipo de fondos por parte de las autoridades comunitarias.

 

Miguel Ballesteros

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